LA 'MAREA VERDE', BAJO LUPA

Sin duda, y para nuestra desgracia, “recortes” ha sido la palabra fetiche de un tiempo a esta parte en nuestro país. No obstante, no todas las clases de recortes tienen las mismas implicaciones y consecuencias a nivel social. Y es aquí donde entra la defensa de una educación pública de calidad y el nacimiento de movimientos como la ‘Marea Verde’. Se pretende desde aquí informar del qué, cómo, cuándo, dónde y porqué de esta espectacular reacción social sin precedentes, irremediablemente vinculada al contexto educativo y político español y a la grave situación económica que nos ha tocado vivir. Todo basado en premisa fundamental: uno ha de saber a lo que se enfrenta para poder combatirlo con eficacia.

Punto de partida

El detonante principal del conflicto tiene fecha y nombre propios. El pasado 4 de julio de 2011 Lucía Figar, consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, hizo públicas las instrucciones para el inicio del curso escolar. En ellas se hacía oficial que el gobierno tomaba la decisión de no renovar a más de 3.000 profesores interinos de secundaria a cambio de aumentar en dos horas el horario lectivo del resto de docentes, que pasaría de 18 a 20. Para ello, la Consejería de Educación ha estirado casi al máximo la orden estatal que regula desde 1994 el funcionamiento de los institutos, que permite "llegar excepcionalmente a 21 [horas] cuando la distribución horaria del departamento lo exija y siempre dentro del mismo". Según justifica la Administración, el objetivo de la aplicación de esta medida tendría como objetivo el ahorro de 80 millones de euros.

Por tanto, esta decisión no solo afecta a profesores interinos, que ya de por si son un colectivo en no muy agradables condiciones (no tienen plaza fija, viven dando tumbos de destino en destino, con un salario inferior y en condiciones de “semifuncionariado”), sino también a los docentes con plaza fija, que ven como cobran lo mismo o incluso menos trabajando más horas y haciéndose cargo de mayores responsabilidades (las suyas propias y aquellas que venían a cubrir los 3.000 interinos que se quedan fuera), y lo que es más importante, perjudica de igual modo a los estudiantes: desaparecen muchas aulas de enlace, aumenta el número de alumnos por grupo, se dan casos en los que se eliminan modalidades de bachillerato en centros con menos concentración de alumnos, etc.

Caldo de cultivo

Pero esto solo fue el fuego que prendió la mecha. En los últimos años se han venido dando una serie de hechos que, a modo de caldo de cultivo, poco a poco han ido calando en el sector educativo público de la región. A modo de ejemplo, se pueden citar los siguientes:

En primer lugar, preocupante fue la eliminación de 23 de los 28 centros de formación del profesorado a finales del curso 2007/2008. Siguiendo en esta línea, a principios del curso 2009/2010 se llevó a cabo la supresión de 20 aulas de enlace y compensatorias y la reducción de 11 grupos de bachillerato nocturno. Mientras tanto, y en aplicación del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), los títulos de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid han ido perdiendo valor puesto que, a diferencia de otras Comunidades, estos centros ya no son capaces de impartir ni homologar niveles superiores al B2. Las EOI, además, se han visto forzadas a suprimir las clases de los viernes por falta de personal.

Los inspectores educativos accidentales también han notado los recortes. En marzo de 2011, tras un concurso-oposición denunciado por irregularidades en la elección del tribunal, su número se redujo de 85 a 51, pese a que algunos de estos funcionarios tenían más de 20 años de experiencia en el ejercicio de la función inspectora.

Otro punto caliente es la reducción de oposiciones a maestros en Madrid, pasando de ofertar 2.500 plazas en 2009 a 489 en 2011. Por otro lado, el gobierno regional ha eliminado de forma unilateral el derecho de los interinos que hayan trabajado más de 5 meses y medio a cobrar el sueldo correspondiente a los dos meses de verano.

Vinculado a esto, y según un informe de ‘Soy Pública’, en los últimos 12 años la Comunidad de Madrid habría construido 1.212 centros educativos, de los cuales 370 han sido públicos, frente a 842 privados. Agrava estos datos el hecho de que en el mismo informe se muestra como la educación pública ha perdido en ese periodo a un 4,54% de su alumnado a favor de la privada.

Tampoco ha ayudado a sosegar los ánimos el hecho de que a pocos días del inicio del curso 2011/2012 existieran 747 profesores funcionarios en “expectativa de destino” a causa del mal cálculo de cupos de profesorado de cada centro por parte de la consejería de educación madrileña tras la aplicación de recortes.

Por último, los recortes salariales no han sido obviamente plato de buen gusto: el gobierno estatal estableció una reducción del 5% de la masa salarial total, y el autonómico el 20% sobre las pagas extraordinarias. 

Todo esto ha conformado un panorama de crispación notable en el sistema de enseñanza pública de la Comunidad de Madrid.

Principales críticas

Los sectores más críticos con la medida no solo hicieron público su rechazo por la destrucción de puestos de trabajo interinos que, al fin y al cabo, son sólo su consecuencia más visible y drástica. La contrapartida que supone el aumento de las horas de trabajo lectivas del resto de docentes también fue objeto de críticas, pues se ha considerado desde estos ámbitos de opinión que con eso solo se consigue mermar el resto de horas complementarias (pues el total de horas semanales no variará, continuará en 37,5 como todos los funcionarios), disminuyendo la calidad de la enseñanza: imposibilita la realización de horas de tutoría y atención a los alumnos, así como el mantenimiento de los equipos informáticos o de servicios, como la biblioteca escolar o las prácticas de laboratorio.

Por otra parte, también se ha criticado que con esta decisión no se respetan las compensaciones previstas por la LOE por cada hora adicional a las 18 iniciales. Esto fue cuestionado públicamente por la Asociación de inspectores públicos de Madrid (ADIDE), que además afirmó en su momento que esto solo iba a generar “inseguridad jurídica”, y motivó que la asociación mayoritaria de directores de instituto (más de 2/3 de asociados) exigiera la dimisión de la consejera de educación, Lucía Figar.

Por último, y no por ello menos importante, otro fuerte argumento crítico esgrimido es que el ahorro de 80 millones previsto con la medida es superado ampliamente por los beneficios fiscales que el gobierno regional otorga a la educación privada no concertada mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, cuyo coste está estimado en 90 millones de euros anuales. No obstante, estas deducciones fiscales han sido recientemente ampliadas para que las familias de rentas más elevadas (30.000 euros de ingresos anuales por cada miembro de la unidad familiar) puedan beneficiarse de ellas y deducirse hasta 900 euros por hijo en conceptos de escolarización, vestuario de uso exclusivo escolar o actividades extraescolares. Esta medida ha causado tanta irritación entre la comunidad educativa pública que se ha llegado a ver como un método para el desvío de fondos públicos a la educación privada.

Todas las objeciones finalmente se condensaron y tomaron forma el 20 de julio de 2011, cuando se produjo la primera asamblea de docentes, en la que por primera vez se habla ya de huelgas y otras alternativas de protesta, así como también se organiza un sistema de consultas a los profesores mediante correo electrónico, entre otras cosas.

Un esfuerzo “totalmente necesario”

Por su parte la Comunidad de Madrid, ante la polémica suscitada, resumió su postura en una carta que Esperanza Aguirre envió a todos los profesores de educación secundaria de la región a finales de agosto. En ella encomiaba a los docentes a hacer un esfuerzo “totalmente necesario” justificado por la penosa situación económica del momento y aseguraba que el ahorro de 80 millones de euros previsto con la medida iba a servir “para mejorar la calidad de la enseñanza y mantener gastos en otros servicios importantes para los ciudadanos”, aunque no se especificó cuáles.

Tampoco se hicieron esperar las declaraciones de otros compañeros y pesos pesados del Partido Popular. Lucía Figar afirmó que el aumento de horas lectivas ya había sido introducido con anterioridad en regiones gobernadas por el PSOE, y Ana Mato, actual Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, declaró allá por septiembre a los medios: “en Andalucía los recortes [educativos] han sido tan llamativos, que hemos visto en los periódicos cómo hay algunos niños que están en el suelo en las escuelas”. Esto ha sido interpretado por los sectores críticos a la medida como un intento por politizar las reivindicaciones.

Mariano Rajoy también colaboró en el apoyo a la medida, afirmando que las decisiones emprendidas por el gobierno regional no tenían porqué afectar “en absoluto a la calidad de la educación”.

Cruce de acusaciones

Pero las disputas por declaraciones no se terminaron aquí. La puesta en marcha de los recortes trajo consigo un ir y venir de acusaciones que bien se ha podido seguir en la prensa.

Las declaraciones de Esperanza Aguirre, poco dada a tener pelos en la lengua, han sido las que más polémica y titulares de periódicos han copado. El primero de ellos se caracterizó por el “20 horas son, en general, menos de las que trabajan el resto de madrileños”. Muchos interpretaron que la presidenta de la región con estas palabras había insinuado que el cuerpo docente trabajaba poco. Se puso en entredicho el respeto de Aguirre por el colectivo y, ante la avalancha de críticas, ésta se vio obligada a pedir perdón en público por su afirmación.

Las palabras de la actual alcaldesa de la ciudad de Madrid (por aquel entonces teniente de alcalde) también dieron mucho que hablar. “Los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid trabajan muchísimas más horas”, declaró.

Por otro lado, lo que sí ha sido constante entre los promotores de los polémicos recortes es la calificación de las protestas y jornadas de huelga que tomaron forma con el inicio del curso escolar como actos políticos. Según esta perspectiva, el conflicto y las movilizaciones se habrían alargado en el tiempo con la intención de frenar la caída libre del candidato a la presidencia en las elecciones generales de noviembre por parte del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. “Hay elecciones generales y el Partido Socialista, Izquierda Unida, los sindicatos… todos estos tienen mucho interés en prolongar este conflicto, un conflicto que es absolutamente político y no tendría porqué existir”, declaró Esperanza Aguirre.

Por su parte, los sindicatos de enseñanza madrileños siempre han mostrado su apoyo al colectivo de docentes. Entienden que se está poniendo en riesgo la calidad de la educación en la región y la estabilidad laboral de los profesores, así como perdiendo el respeto por su importante labor. Además, no comprenden que la ampliación de horas lectivas se aplique en este caso para ahorrar.

Movilización histórica

El movimiento asambleario de profesores en contra de las medidas del gobierno de Esperanza Aguirre pronto se organizó en cada centro. Así, cada instituto eligió a sus portavoces para participar a su vez en las asambleas de zona y regionales, donde también participaban algunos sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación, plataformas de profesores interinos, colectivos vecinales por la escuela pública y asociaciones de madres y padres de alumnos. Además, para lograr una representación más directa, horizontal y democrática en la toma de decisiones se creó la coordinadora de asambleas de centros y zonas, conocida como ‘Red Verde’.

De esta puesta en común de ideas sobresalió sobre las demás la propuesta de llevar a cabo jornadas de huelga para presionar la actuación del gobierno. En total, fueron un total de diez huelgas, que tuvieron lugar los días 20, 21 y 22 de septiembre, 4, 5, 19 y 20 de octubre y 3, 17 y 29 de noviembre de 2011. En su conjunto, han supuesto la protesta de profesores más masiva en España desde hace dos décadas.

Durante el transcurso del conflicto las propuestas de las asambleas y de los sindicatos fueron en muchas ocasiones divergentes. Finalmente, los sindicatos acabaron imponiendo  un calendario de movilizaciones sostenido hasta las elecciones del 20N, pero con menos días de huelga que los propuestos por las asambleas.

Y es que la mayoría de las asambleas de centro votó a favor de una huelga indefinida de tres días a la semana, martes, miércoles y jueves, con intención de paralizar el curso escolar hasta la retirada de las instrucciones de principio de curso, justificando su elección en que se trataba de un modelo que minimizaba el coste económico para los huelguistas. Este formato, que fue votado y ratificado en las asambleas docentes fue finalmente descartado por los sindicatos CC.OO, UGT y STEM, que vieron más necesario mantener la unidad sindical con ANPE y CSIF.

Por su parte, la ‘Red Verde’ convocó en solitario huelga los días 22 de septiembre y 19 de octubre, junto a la cobertura legal de los sindicatos CGT y CNT, puesto que CC.OO. apoyó exclusivamente la primera fecha. En este sentido, la convocatoria del 19 de octubre ha sido motivo de muchas suspicacias por parte del movimiento asambleario, pues aseguran que fue silenciada por los medios de comunicación y boicoteada activamente por algunos delegados sindicales, que llegaron a calificarla de ilegal. Lo cierto es que, boicoteada o no, tuvo poca repercusión mediática.

Del otro lado la técnica de desgaste del gobierno. Desde el principio del conflicto la postura de la consejera Lucía Figar fue firme. A día 31 de agosto de 2011 ya afirmó lo siguiente: “Si los sindicatos convocan esa huelga [por la primera], sólo perjudicarán a miles y miles de familias y no conseguirán rectificación del Gobierno”. Y la Consejería llevó a rajatabla su decisión, no ofreciendo respuesta a las solicitudes de diálogo ni alternativas que calmaran el conflicto.

Punto aparte merecen ser tratados los acontecimientos que tuvieron lugar durante la jornada electoral del pasado 20 de noviembre. 200 ciudadanos acudieron a votar vestidos con las camisetas verdes reivindicativas del movimiento en la ciudad de Madrid y no solo vieron negado su derecho a votar, sino que también fueron interpelados por la Junta Electoral de la región por considerar ésta que se había vulnerado lo dispuesto en el artículo 53 de la LOREG, por el cual se prohíbe difundir propaganda electoral en el momento de depositar el voto. En este sentido, y en señal de apoyo, varias decenas de personas se acercaron a los juzgados de Plaza de Castilla a lo largo del 29 de noviembre, día en el que tuvo lugar la última de las movilizaciones, para autoinculparse de la misma supuesta infracción.

Por otra parte, numerosas voces se han alzado en la red para informar de represalias contra profesores y directivos, que han sido interpretadas como medidas de disuasión que pretendían evitar la asistencia a los parones: retraso en el pago de ciertos complementos en nómina, supresiones y traslados forzosos a puestos de especial dificultad (en algunos casos a más de 50 kilómetros del domicilio), la apertura de expedientes que podrían suponer hasta tres años de sanción a directores o simples docentes de instituto que hubieran apoyado las protestas mediante cartas a medios locales o correos electrónicos a grupos políticos de su municipio, etc. Otros muchos docentes decidieron salir a los medios de comunicación, como El País, para denunciar que se veían obligados a impartir asignaturas que no eran de su especialidad. Por todo ello, CC.OO. decidió en su momento querellarse contra dos altos cargos de la Consejería de Educación por prevaricación y abuso de poder, e incluso 700 profesores denunciaron a título individual a la consejera Lucía Figar por injurias y calumnias, argumentando que ésta había acusado a miembros de las asambleas de docentes en huelga de cometer agresiones contra peregrinos durante las Jornadas Mundiales de la Juventud, así como a todo el colectivo docente de practicar un elevado absentismo laboral (10%), en ambos casos sin aportar prueba alguna.

Sin embargo, pese a la desazón y a las repercusiones derivadas de secundar cualquier huelga, las convocatorias de las movilizaciones tuvieron un seguimiento notorio (especialmente  al principio)  y sostenido a lo largo del tiempo entre el profesorado. Tras la manifestación del 17 de diciembre, convocada de forma unitaria por todos los sindicatos de enseñanza representativos, Francisco Melcón, presidente del sindicato ANPE, aseguró que en durante el 2012 continuarían las movilizaciones en forma de manifestaciones y más jornadas de huelga si continuaba la negativa a la negociación por parte de la Consejería de Educación y Empleo madrileña.

La Marea Verde se extiende

Las movilizaciones comenzaron implicando exclusivamente a la Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato, pero a partir de la sexta jornada de huelga, y pese a la oposición de CSFI y ANPE, CC.OO, UGT y STEM decidieron extenderlas a la Educación Primaria y a las Escuelas Infantiles, tanto municipales como de gestión directa de la Comunidad de Madrid. El seguimiento en los centros de primaria fue menor pero, sin embargo, en las escuelas infantiles se alcanzó un apoyo superior al 70% en algunas jornadas, según estimaciones sindicales.

Por otro lado, ante el amplio seguimiento y la resonancia en los medios de las protestas en Madrid, el movimiento fue extendiéndose por diversas regiones afectadas igualmente por recortes de presupuesto en las partidas a educación. El mayor exponente del contagio fue Castilla-La Mancha, cuyo gobierno de María Dolores de Cospedal elevó en dos horas la jornada semanal lectiva de los maestros hasta agotar el límite legal de 25 y anunció una disminución salarial adicional del 3% para todos los funcionarios públicos para el año 2012. En menor medida la protesta se expandió por Galicia y Navarra, donde se aprobaron medidas similares a las madrileñas. Otras Comunidades Autónomas como Cataluña y Valencia aportaron su granito de arena a la movilización. Otros tantos actos públicos de protesta, pero sin convocatoria de huelga, tuvieron lugar en Aragón y la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Nace un atisbo de diálogo

Llegaron las fiestas navideñas y Gobierno, sindicatos y docentes vieron oportuno la toma de un descanso en la persecución de sus objetivos. Las vacaciones debieron sentar especialmente bien en la Consejería de Educación madrileña, pues tras la vuelta al cole sindicatos y docentes se encontraron con un bonito regalo: Lucía Figar convocaba una Mesa Sectorial de Educación en la que debatir la problemática para el 12 de enero. Al recibir la noticia, Paco García, secretario general de la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO., expresó ante los medios que después de más de 8 meses sin posibilidad de negociación laboral “ya era hora” de que se convocara la ansiada Mesa, pese a que bajo su punto de vista esta decisión respondía más a un “imperativo legal” que a ganas de entablar negociaciones y resolver las diferencias.

Pese a todo, de forma general los sindicatos CC.OO, CSI-F, UGT y STEM mostraron de forma pública su satisfacción por la convocatoria, considerando que se trataba del “resultado de las movilizaciones de la comunidad educativa madrileña en los últimos meses” y confiando en que la cita se convirtiera en la vía para iniciar “un nuevo período en las relaciones entre la Administración y los políticos docentes de la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid, basado en el respeto y exento de descalificaciones de los responsables políticos regionales en contra de la profesión docente”, según afirmaron en un posterior comunicado.

La puesta en marcha de esta nueva etapa ha supuesto, hasta el momento, un punto y aparte en las movilizaciones de la ‘Marea Verde’. Para favorecer el clima de negociación e impulsar avances los actos de protesta se han ceñido al apoyo de movilizaciones convocadas conjuntamente por todo el sector público de la Comunidad de Madrid y del Estado como consecuencia de la situación económica.

En total, tres han sido hasta la fecha las convocatorias a Mesa Sectorial de Educación madrileña: al ya mencionado primer encuentro del pasado 12 de enero le siguió el celebrado a 2 de febrero y el último, que tuvo lugar hace tan solo unos días, concretamente el día 9 de ese mismo mes.

En el orden del día de estos tres encuentros figuraron principalmente la “aplicación en el ámbito docente de la Disposición adicional primera de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas”, aprobada el pasado 27 de diciembre, así como “otros asuntos propios de la Mesa Sectorial de Educación a proposición de los representantes sindicales”.

Si bien es cierto que la voluntad de diálogo parece persistir, es palpable la dilatación en la consecución de algún acuerdo estable y definitivo. No obstante, la negociación se encuentra plenamente abierta y a la espera de futuros acontecimientos.

Por su parte, y en vista de este estancamiento en el debate, el secretario general de la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO., Paco García, ha anunciado tras el último encuentro del pasado día 9 de febrero que, muy posiblemente, el sindicato se plantee seguir en la Mesa si en el plazo de un mes la Administración educativa de la región no ofrece ninguna propuesta. Recrimina a la Consejería que, mientras que los sindicatos han puesto “encima de la mesa” sus propuestas, ésta no ha ofrecido “ninguna”. “Hemos dado de plazo hasta el 8 de marzo, y si no han propuesto nada consideraremos inútil seguir en la Mesa”, han sido sus palabras.

Ley de Medidas Fiscales y Administrativas

La Disposición adicional primera de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas lo que regula es, nada más y nada menos que uno de los puntos calientes de las reivindicaciones “verdes”: la distribución de la jornada laboral de los docentes de Secundaria y Formación Profesional, Según se explica en este documento, dicha jornada estará compuesta de 37 horas y 30 minutos semanales. De éstas, 30 horas serán de obligada permanencia en el centro, de las cuales un mínimo de 25 computarán como horario lectivo regular para los profesores, que se podrán dividirán a su vez en un máximo de 21 lectivas, siendo el resto complementarias. El resto de horas hasta llegar a las 30 de obligada permanencia computarán como horario no fijo o irregular. Las 7 horas y media que faltan para el total, y que no hará falta cumplir en el centro, se dedicarán a “los deberes inherentes a la función docente”.

Al margen de que este sea un aspecto muy controvertido para el ámbito docente de la región, la normativa forma parte del debate sectorial porque según ésta, y aunque la Consejería está autorizada a dictar las instrucciones que considere necesarias con el objetivo de implantar su contenido de forma eficaz, cualquier decisión se ha de negociar previamente en la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario.

Peticiones sindicales

Entre las propuestas de los sindicatos destaca la de “revertir los efectos de las instrucciones de inicio de curso 2011/2012” y volver al cupo de profesores del curso 2009/2010, “es decir, unos 3.000 docentes más”, declaró el 9 de febrero el sindicalista de CC.OO. Paco García.

De igual han visto necesario solicitar que la orden del próximo curso de haga dentro del marco de la orden del Estado y entrar a considerar qué es “hora lectiva”. No obstante, los sindicatos opinan, como muchos docentes, que una hora lectiva “no son solo las horas de clase”, pues incluirían las tutorías, las horas de guardia o las actividades extraescolares.

Asimismo, se ha requerido por su parte abordar los aspectos conflictivos concernientes a los expedientes a profesores y las oposiciones. Finalmente, han solicitado también que las 20 horas lectivas vigentes por imposición del gobierno regional tengan carácter transitorio.

Actuable de Soy Pública

Soy Pública se autodefine como “una plataforma de acción ciudadana que propone la Educación Pública como modelo educativo adecuado y necesario para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática y con proyección de futuro”. Se encuentra al margen de la negociación oficial abordada desde la Mesa Sectorial, pero no ha querido dejar de hacer oír las reivindicaciones de sus miembros. Para ello, ha creado una lista de propuestas en la página web Actuable, con el objetivo de conseguir el apoyo social suficiente en forma de firmas con las que poder legitimar la necesidad de su debate en la Mesa sectorial.

Algunas de estas peticiones coinciden con las ya mencionadas: retirada de las instrucciones puestas en marcha para este curso y vuelta al cupo de profesores de 2009/2010. Sin embargo, su “actuable” persigue otras muchas iniciativas, que van mucho más allá de lo que en principio suscitó la aparición del movimiento “Marea Verde”; entre otras cosas, demanda: la marcha atrás en la reducción de aulas especiales, grupos y profesorado de Compensatoria, la dotación de los recursos humanos necesarios para atender adecuadamente a las Escuelas Infantiles y CEIP, la no privatización de las Casas de Niños, el pago de la parte proporcional de los meses de verano para los interinos, así como la igualdad de complementos y prestaciones en relación con el resto de profesores, la no reducción de las jubilaciones anticipadas o la cobertura de todas las bajas. También se exige la organización, a modo de ejemplo para ilustrar el alcance de sus reivindicaciones, que las empresas privadas se mantengan alejadas de la enseñanza pública, que se instaure el nivel C en las Escuelas de Idiomas, que haya prioridad para impartir docencia en la escuela pública, que se homologuen y convaliden los cursos de formación del Ministerio, que haya mayor transparencia en la asignación de plazas o que no se desvíen fondos y recursos a los centros privados.

Movilizaciones paralelas

La decisión de frenar el calendario de protestas contra los recortes ante la Consejería por parte de los sindicatos para fomentar el éxito del diálogo no ha gustado a todo el colectivo docente. Así, muchos han decidido seguir con las movilizaciones de forma paralela por su cuenta, argumentando que el Ejecutivo ha reabierto el debate pero sin comprometerse a nada. De esta forma, convirtieron el 18 de enero en el “día de la camiseta verde”, con la pretensión de mantener vivas las protestas y recordar que el conflicto sigue abierto y sin solución a la vista.

Asimismo, los docentes madrileños también han decidido en esta línea reiniciar las asambleas docentes, un mecanismo desde el que abordar nuevas medidas que presentar en la Mesa Sectorial para su negociación.

Qué se ha logrado: empezar el diálogo

El principal y mayor éxito de la ‘Marea verde’ consiste en haber conseguido establecer un mínimo proceso de diálogo. La tenacidad y la persistencia en sus actuaciones han logrado vencer tímidamente el silencio y la dureza proyectados desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Con el inicio del 2012 tantos meses de indiferencia y negativas se han ido resquebrajando, ofreciendo una leve salida por la que los sectores enfrentados a los recortes educativos han conseguido sacar la cabeza y tomar algo de oxígeno.

No obstante, si la lucha llevada a cabo durante todo este tiempo y las negociaciones actuales llegan a buen puerto es algo que sólo puede confirmar el futuro. Un futuro que, por lo general, no se muestra precisamente halagüeño para la gran mayoría de los sectores sociales del país.

El presidente español, Mariano Rajoy, ya se ha apresurado a advertir que este va a ser un año muy duro, en el que es muy improbable que se den buenas noticias a nivel tanto económico como social. Así pues, ¿qué posibilidades hay de que un gobierno autonómico de marcha atrás en lo que considera un ajuste necesario y fundamental para la viabilidad del sistema?

Mucho más que un conflicto laboral

El problema es que parece haber divergencias entre lo que es o no lo verdaderamente importante. Unos y otros (por defensores y defensores de la austeridad en materia educativa) estarán de acuerdo en que aquí, con todo el conflicto generado, no solo están en juego los puestos de trabajo y la estabilidad laboral que todo ciudadano necesita y tiene derecho a poseer, sino un pilar aún más fundamental sobre el que se sustenta cualquier democracia que se precie: una educación fuerte, coherente y sin fisuras, que proteja el derecho a recibir conocimientos, participar de sus numerosos beneficios y con ello crecer como ser humano. No obstante, se trata de las generaciones que dentro de unos años, en principio, deben sacar adelante el país.

No es aceptable que en un Estado de derecho y democrático se toleren situaciones como, por ejemplo, las que se están viviendo en la Cañada Real Galiana, donde el recorte en los servicios de transporte escolar han provocado que 64 menores tengan que luchar cada mañana para subir a un autobús con capacidad máxima para 53 de ellos y que en cuanto alcanza el cupo cierra sus puertas. ¿Su derecho a ir al centro escolar donde queda? 

Tras recorrer cerca de 5 kilómetros para acudir a la parada y ver como les es imposible acceder al transporte, vuelven a sus casas. Lo normal, cuando la situación se repite, es tirar la toalla, generándose a su vez un círculo vicioso entre el absentismo y la invisibilidad ante las autoridades.

Sea como fuere, cierto es que los recortes, especialmente en sectores vitales para la sociedad como la educación o la sanidad, siempre afectan en mayor medida a los que, paradójicamente, más ayudas necesitan.

Futuro incierto: ¿neoliberalismo pedagógico?

Todo de lo que es acusada la política educativa de la Comunidad de Madrid por parte de la ‘Marea Verde’ es fácilmente identificable con algunos de los principios básicos de las políticas neoliberales: tendencia hacia la privatización, la reducción del presupuesto público educativo, la servidumbre de la educación a las exigencias del mercado, etc. Todo ello sustentado con fuerza sobre una corriente pedagógica concreta, la cual no percibe la educación de otra forma que no sea el fomento de la competitividad y el utilitarismo.

La antropóloga María Fernanda Moscoso ha analizado recientemente para el periódico Diagonal en un artículo titulado “La educación que viene” lo que para ella son las similitudes entre estas políticas y aquellas que ya tuvieron su aplicación en América Latina durante los años 80.

Con la llegada de la dictadura de Pinochet, pronto América Latina pasó a ser un campo en el que poner en práctica experimentos económicos y aplicar los fundamentos de la doctrina neoliberal. Esto rápidamente pasó a contagiar al sistema educativo chileno, para más tarde extenderse por toda la geografía americana. Llegaron los tres aspectos clave ya mencionados: privatizaciones, recortes presupuestarios en educación y servicio al mercado.

Para Moscoso, no es casualidad que la historia se repita y que aparezca un informe como el de Educación y Formación Profesional a encargo de la patronal CEOE en relación con el sistema educativo español. La antropóloga opina que este informe no hace más que interpretar la educación a través de una especie de “darwinismo social”, de “explicaciones cargadas de connotaciones biologicistas, como en el siglo XIX”, explica en su artículo. Esto es: los teóricamente mejor dotados entran y ascienden dentro del sistema, mientras que el resto se queda fuera.

Por todo esto, advierte a la sociedad española del peligro del acecho de estas políticas, que en América Latina supusieron un grave perjuicio para la población con menos recursos.

Frente a esto, la postura tranquila y confiada del gobierno autonómico madrileño, que sigue manteniendo que el ahorro de 80 millones de euros en la partida presupuestaria destinada a educación no tiene porqué mermar la calidad del sistema educativo público de la región. Algo que, a simple vista y a juzgar por los hechos, parece asombrosamente complicado.

Laura Gisbert Castellanos