CON LA HIPOTECA A CUESTAS: AFECTADOS POR EL DESAHUCIO

El paraíso del comprador:

Durante muchos años ha formado parte del pensamiento popular español la creencia de que una casa es tuya solo si está a tu nombre. El alquiler quedaba para insensatos e inconscientes que no tardaban demasiado en echarse al vuelo de lugar en lugar. Según varios estudios las políticas tomadas desde el gobierno influencian en gran medida la tendencia a la compra o al alquiler. En este mismo sentido, desde la Universidad Católica de Ávila, ofrecen un clasificación de las distintas líneas de políticas de viviendas en los distintos países de la comunidad europea

-Uno de los grupos es el formado por países como Francia, Alemania o Dinamarca, donde encontramos un amplio mercado de alquileres privados, y a su vez, una gran inversión pública en incentivar el régimen de tenencia de alquiler.

-En un segundo bloque, aparecen países como Suecia, Reino Unido o los Países Bajos, donde la característica principal es la existencia de un gran número de viviendas sociales de alquiler, como reflejo de la intervención estatal en materia de vivienda.

-Finalmente encontramos el grupo al que pertenece España. Casualmente en esa misma lista encontramos también a países como Grecia, Irlanda o Portugal, que durante el último año han dado muchas noticias en relación a su pésima situación económica, y a la necesidad de intervención en ellos de la Unión Europea. En este grupo, que sin duda parece arrastrado al pozo de los hermanos pobres de la UE, la característica principal ha sido un reducido gasto social en materia de vivienda, muy por debajo de la media europea.  Este estudio se realizó con datos de la primera década de siglo, y destaca España por un parque muy reducido de vivienda de protección social, y un mercado de alquiler privado muy limitado.

Por diversos motivos, España ha sido desde siempre un país con más tendencia a la compra de vivienda que muchos de sus vecinos europeos. Entre las razones por las que nos inclinamos hacia la vivienda en propiedad están las muchas ayudas que ya desde los años 60 el gobierno viene realizando para la adquisición de una vivienda habitual, principalmente en forma de deducciones fiscales y de menores retenciones en la nómina mensual.

Para muchos, la excusa principal para entrar en una hipoteca ha sido que el coste mensual de la misma era similar o inferior al pago de un alquiler, con la indudable ventaja de ser el dueño de la casa. Además, la inversión en vivienda se contemplaba como la panacea del mercado, donde tras pocos años de la inversión, podía llegar a ganar un 50% más de lo invertido, con la venta de la vivienda.  En concreto, entre los años 1997 y 2002, el precio de la vivienda registró subidas en términos reales acumulados del 55%, según el análisis del precio de la vivienda en España, hecho por el Servicio de Estudios del Banco de España.Todo esto hacía mucho más atractiva la idea de comprar un piso que la de tener un alquiler, que tendía a valorarse como una forma de tirar el dinero, ya que por el mismo precio no se obtenía un título de propiedad.

Muchos de los afectados por las hipotecas afirman también que otra ventaja que el banco les ofrecía era conseguir la hipoteca por el precio total del piso, y añadiendo también algún dinero más para el coche familiar, o los gastos del viaje de novios.

Esta práctica de sobre-tasación se ha hecho además de una forma indiscriminada por parte de los bancos, sabiendo en muchas de las ocasiones, que el cliente al que le hacían el préstamo seguramente no sería capaz de devolverlo.   Nos encontramos aquí frente a dos problemas diferentes. Por un lado, la inseguridad de la devolución del préstamo, especialmente cuando éstos se otorgaban a familias en  situación de inestabilidad como trabajadores temporales, y por otro, que el préstamo realizado era con frecuencia igual o superior al precio de la vivienda.

à Las dificultades del inmigrante…  

Una de las consecuencias de la crisis en España ha sido la de aumentar vertiginosamente las cifras de parados, hasta llegar en la actualidad a casi 4.600.000 parados.  EL desempleo es uno de los factores clave que ha desembocado en un aumento de la morosidad en España. Ante la falta de presupuesto para asumir todos los gastos son muchos los que afirman “Prefiero dar de comer a mis hijos que al banco”, como dice César Guerrero.  Él es un ecuatoriano de 32 años que llegó a España en 2002. Hasta hace apenas un año no le había faltado nunca trabajo, razón por la que en 2008 decidió comprarse un piso. Como él, muchos otros inmigrantes llegaron a España durante la pasada década con la expectativa de lograr un trabajo que pudiera mantener a su familia y darles un hogar, y durante algún tiempo lo consiguieron. 

Abdul Rahim llegó solo a España en el año 2002, y no tardó demasiado en encontrar trabajo en el sector de la construcción, donde enlazaba contratos por obra uno tras otro. En el año 2005 consiguió traer a su familia de Guinea-Conakry, su país de origen. En aquel momento le pareció oportuno comprar un piso, ¿por qué no? Tenía trabajo, a su mujer y a su hija,  y el banco Banesto les daba un crédito de 200.000 euros.   Actualmente, Rahim y su mujer tienen tres hijos, de cuatro, seis y once años, y pocas posibilidades de rehacer su vida.  Ya hace 2 años que Rahim se quedó en paro, y poco después dejó de pagar la hipoteca.  Hoy por hoy ya ha sufrido dos intentos de desahucio de su piso de Parla, que han conseguido ser frenados por el apoyo de sus vecinos y de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El pasado 9 de enero fue el último intento, que de nuevo le dio a Abdul 1 mes  más de plazo. Sin embargo y a pesar del profundo agradecimiento que dice sentir por todos los simpatizantes con su causa, su situación no hace más que empeorar. Durante la tentativa de desahucio mantuvo a su mujer y a sus hijos alejados de las cámaras, intentando que los pequeños no se dieran cuenta de lo que estaba pasando.  Tiene un mes más, pero sabe que ese plazo vencerá más pronto que tarde, y cuando ese momento llegue, afirma que no tiene a donde ir.  "Estamos a 8 de enero y solo tengo 30 euros en el bolsillo", se lamentaba Abdul Rahim, un día antes del intento de desahucio. Su caso está siendo llevado por un abogado de la PAH, que está intentando alegar motivos humanitarios para que no llegue a efectuarse el lanzamiento.

Como Abdul, muchos inmigrantes llegaron a España dispuestos a aprovechar las oportunidades laborales que este país les ofrecía, con la intención de poder adquirir un hogar para ellos y su familia. “Para poder traer a sus seres queridos normalmente uno de los primeros trámites es poder demostrar que tienen un piso en alquiler o en propiedad”, afirma Ada Codau, una de las fundadoras de la PAH, lo que ha implicado que muchos extranjeros se entramparan en costosas hipotecas a fin de poder reunirse con su familia en España.

En muchos casos, los extranjeros afectados por las ejecuciones inmobiliarias deciden volver a sus países de origen, conscientes de que en España tienen una deuda con el banco que difícilmente podrán pagar. Otros, sin embargo, se ven obligados a quedarse, sabiendo que las deudas que ellos dejan recaerán sobre los familiares o amigos que en su día avalaron el préstamo. "Me podría volver a Ecuador, pero ¿dónde dejo esta conciencia que me atormenta?", lamenta Consuelo Lozano, una ecuatoriana que lleva viviendo en España más de 12 años.  Su marido está desempleado, y ella trabaja por horas limpiando. Hace 5 años, cuando compró su apartamento en Torrejón de Ardoz, su hermano le avaló para que pudieran darle la hipoteca.   Él, a su vez, tiene su propia hipoteca que pagar, y actualmente trabaja de chofer. Si ella decidiera marcharse recaerían sobre él la deuda que el banco le exige a Consuelo, que supone más de 180.000 euros, a pesar de haberle confiscado ya el piso.

En una situación parecida se encuentra Nelly Moreira, de 45 años. El banco le concedió un préstamo por 200.000 euros, a pagar en 35 años, a sabiendas de que los ingresos de Nelly y su hija no eran elevados.  Cuando perdió el trabajo hicieron lo posible por vender el piso, pero ya se había producido el estallido de la burbuja inmobiliaria, y según afirma Nelly el piso se valoraba en la mitad de lo que a ella le costó. A diferencia de ella, Consuelo pudo enviar de vuelta a sus hijos de 13 y 15 años a Ecuador, con el consuelo de que, al menos allí, no les persigue la deuda.

Las tasas de desempleo entre los inmigrantes durante el tercer trimestre de 2011 se situaba en España en un 32,72%, es decir, aproximadamente 1.154.200 personas según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras que en el mismo periodo, la tasa general de parados era de 21,5%.  Vemos que existe una importante diferencia entre ambos sectores, lo que convierte a la población inmigrante en un sector especialmente vulnerable. Por otra parte, el informe publicado por la patronal de grandes empresas de trabajo temporal Agett, asegura que el 65% de los parados extranjeros se han generado durante la crisis, es decir, desde el tercer trimestre de 2007. Uno de cada cuatro parados provocados por la crisis forma parte del colectivo de extranjeros.

En consecuencia, un gran número de residentes extranjeros han  hecho ya las maletas para volver a su país natal. Según el informe “Extranjeros residentes en España. Principales  resultados”, dado a conocer a finales de diciembre por la Secretaría de Estado, la cifra de ciudadanos de Ecuador, de Colombia y de Perú, residentes en España se ha reducido en 6.496 personas.  Hay un evidente retorno a los países de origen, especialmente en el caso de ciudadanos de origen latinoamericano.  El desempleo es la principal razón: "La gente está ahogada, así que les toca tomar el retorno voluntario e irse, no les queda otra", afirma Magalí. "Es una pena porque vinimos aquí buscando una salida al futuro, un progresar, persiguiendo un sueño", dice la joven peruana. "Cuando llegué, pude ahorrar y pude comprar mi terreno allá y construir. Ahora ya no se puede", reconoce, sabiendo que vuelve a su país de origen con las manos vacías.

Para quienes consiguieron la nacionalidad española, no parece presentárseles un futuro mucho más alentador. "Tenemos pasaporte español y ésto me tranquiliza un poquito, porque podemos ir a vivir a otro país de Europa donde las cosas estén mejor", afirma una joven colombiana que trabaja en un bar de barrio. Sin embargo,  eso supondría volver a empezar de cero, especialmente teniendo en cuenta las dificultades que supone desconocer la lengua de nuestros países vecinos.

Quizás algunos de los que antaño cogieron las maletas persiguiendo el sueño del emigrante, han podido, durante algún tiempo, llegar a ver el espejismo de un futuro mejor. Sin embargo, para muchos, el sueño ha tornado en pesadilla.  Un 20% de los desahucios efectuados en los últimos años corresponden a inmigrantes.

En muchas ocasiones, el impago se debía a un aumento de la hipoteca mensual en correspondencia con un descenso en los sueldos y  el número de empleos disponibles. Tradicionalmente en España, los extranjeros han ocupado en su mayoría puestos de trabajo precarios, sin demasiada o con nula formación, concentrándoles en sectores laborales como la construcción, que ha sufrido su particular crisis en este país.  Además, la bajada del precio real de la vivienda tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, les ha impedido vender el piso para saldar la deuda, ya que el precio de tasación en la fecha de compra era muy superior al precio de venta después del 2007. 

El hecho de que una parte muy importante de los inmigrantes residentes en España se dedicara a la construcción tampoco ha sido de mucha ayuda. Los puestos de trabajo en este sector han sido drásticamente reducidos, en un país donde, hasta 2007, la principal industria ha sido el ladrillo.

àLos que hacían casas, se han quedado sin la suya…

En el año previo a la crisis, el 2006, se construyeron en España más viviendas que en Francia, Alemania y Reino Unido juntos. Una media de 15 casas por cada 1000 habitantes. Un porcentaje importante de población se dedicada directa o indirectamente a este sector. Mucha gente ha ganado dinero del ladrillo durante años: promotoras, constructoras,  inmobiliarias, empresas del sector del mueble… Con el boom inmobiliario crecían miles de sociedades a expensas de la construcción, que como se aprecia en la gráfica, a principios de 2007 era uno de los sectores que más oportunidades laborales ofrecía.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en el tercer trimestre del 2007, muchos de estos sectores han experimentado pérdidas millonarias, tanto es así, que 150.000 empresas son ya historia. Desde el inicio de la crisis, se han perdido mas de 1.100.000  empleos vinculados a la edificación residencial, es decir, 6 de cada 10 parados generados por la crisis, procede de la construcción.

Este conjunto presenta muchas características para ser especialmente vulnerable a la crisis, y en particular a uno de sus más devastadores efectos: los desahucios por impago.  Se trata de un ámbito donde se han llegado a cobrar sueldos muy apetecibles, sin exigir demasiada formación. Además durante mucho tiempo no paraba de crecer la demanda de empleados para el ámbito de la edificación. Ésto ha dado una falsa seguridad a muchos empleados de la edificación, que no esperaban verse sin trabajo en tan poco tiempo.

Irónicamente, entre las familias que ha perdido su casa en los últimos años, una parte importante basaba su economía en un sueldo (o varios) procedentes del sector de la edificación.

El  perfil de ciudadanos que encontramos en situación de desempleo es muy variado. Por un lado encontramos el caso de los jóvenes que desde muy temprano se dedicaron al oficios como la albañilería, muchos sin llegar a terminar estudios como la ESO. Es el caso de José, un aragonés que desde hace ya un año y medio no puede pagar su hipoteca. En su momento, adquirió un piso de 40m2, por el que pidió un préstamo de 122.000€. Actualmente, le debe al banco 10.000€ más de lo que prestaron. “Lo que me parece peor, no es el hecho de que se queden el piso…, el problema es que luego sigues debiendo dinero” dice su mujer “.  “Ahora yo estoy parao, llevo 6 meses sin trabajar, soy fontanero”.  Hace unos meses contaba su caso para un reportaje de RTVE llamado “Maldita hipoteca”, donde hablaba junto a su mujer de la situación por la que estaban pasando. Ya le había llegado la orden de puesta en subasta del piso, y como era de esperar, IBERCAJA, el banco al que le debía el préstamo, se quedó con el inmueble, dejándoles a ellos a pendientes de una orden de desahucio.  “Llevan una mecánica impresionante” -dice José tras salir del juzgado donde se acaba de subastar su vivienda- “enseguida está todo hecho, le acaban de levantar el piso a una persona sin inmutarse”.  Este ciudadano se lo toma con humor, pero para muchos supone noches y noches de lágrimas.

 

La frustración es el sentimiento que más parece repetirse a lo largo de las distintas declaraciones de las personas pendientes de un proceso de ejecución hipotecaria.   El proceso legal hace que los implicados en este proceso de ejecución hipotecaria no tengan prácticamente ninguna opción. Los trámites son meramente informativos y fríos, sin dar al implicado posibilidad alguna de justificar su situación.

También para muchos autónomos y sus familias, la crisis del ladrillo ha derivado más pronto que tarde en un proceso de embargo. Es el caso de María y su marido, residentes en un pueblo de A Coruña.  Su marido trabajaba por cuenta propia como pintor, y ella lo hacía para el hotel Sada Marina,  de donde la despidieron por un ERE. Las deudas que acumulan son de 63.000 euros, y el valor de tasación de la propiedad estaba en 124.000. “después de toda una vida”, como dice María, se han visto obligados a abandonar la que ha sido durante tanto tiempo su casa, sin apenas tener tiempo de recoger sus pertenencias. “Lo único que pedimos es que nos acepten la dación en pago...” “sé que debo, sé que tengo que pagar, pero por favor, ya les entregué mi casa” lamenta la mujer.

En el caso de parados que se han dedicado durante toda su vida a la construcción y tienen más de 50 años, la situación se agrava, dado que las posibilidades de que encuentren trabajo en su sector son muy reducidas, y son considerados “demasiado mayores” para iniciarse en otros sectores económicos.

àDesde trabajadores a clase media: nadie se libra

Quizás lo más escalofriante de esta situación de crisis, de embargos, de morosidad de por vida, sea el hecho de que nos puede pasar a cualquiera. Las clases medias, los que han tenido buenos suelos durante mucho tiempo, no están a salvo de ser  inmunes ante un desahucio.  “Aunque tengas un trabajo fijo, nunca hay seguridad plena”, dice un joven afortunado que en los últimos meses acaba de comprar su vivienda.  Los desahucios ya no llegan solo a los sectores marginales de la sociedad, que carecían de una preparación para defenderse ante el monstruo de la burocracia.  Lejos de ello, cada vez son más las familias que han vivido bien, incluso con lujos de cuando en cuando, siendo a veces dueños de sus propias empresas, y que ahora por diversas situaciones se ven arrastradas a una vorágine de deudas que no termina nunca. Perder el piso ya es lo de menos, lo verdaderamente dramático es lo que viene después. Un futuro sesgado por una deuda que jamás se podrá pagar, y que el moroso tendrá que seguir arrastrando aunque ya no tenga el piso, incluso aunque el banco haya conseguido recuperar toda la deuda con la venta a un segundo comprador. 

El caso de Lluis Martí ha sido uno de los más mediáticos. La presencia de los medios, vecinos y voluntarios de la PAH ha evitado 4 veces su desahucio.  Mientras espera la nueva notificación judicial, vive en una caravana que le prestó un amigo y tiene aparcada en el jardín. “no te esperas una crisis como ésta” dice el afectado. Tiene una casa grande, a las afueras de Tarragona. Sus problemas económicos empezaron en 2008.  Él trabaja en la reparación de motos, y está especializado en motos de trial. Para adquirir el traspaso de un taller rehipotecó su casa. En pocos meses el trabajo empezó a fallar, el negocio ya no funcionaba, y poco después se convirtió en moroso.  Su hijo, que vive ahora con su madre, de la que Lluis está separado, pasa las tardes en la caravana haciendo los deberes, y mientras Lluis busca desesperado una manera de conseguir rehacer su vida. Lluis jamás hubiera pensado que algo así le podría pasar a él.

Lo mismo pensaron Monse y su pareja, Rafa. Él llegaba a ganar en una gran empresa hasta 4.500€, tenía un buen puesto. Con la crisis hubo un reajuste de personal y se vio sin trabajo. De eso ya hace 2 años, y ninguno de los dos tiene trabajo actualmente.  La cuota de la hipoteca era de 1.500€, cantidad que ahora no pueden alcanzar, por lo que ya llevan un año y medio sin pagar. Para intentar evitar un proceso de embargo les han aconsejado, desde una asesoría, que se someta a un concurso de acreedores, con lo que consigue aplazar la deuda un par de meses. Para empezar, estar en un proceso concursal implica un bloqueo de las cuentas. Para cualquier gasto al que el deudor deba hacer frente, como la luz, alimentos... debe presentar los tickets y facturas, y no puede sacar dinero en ningún momento sin la autorización de la administradora. Cada gasto tiene que estar  siempre justificado. “Esto es peor que la cárcel” dice Monse desesperada.

 

"Este problema estalla primero entre los más vulnerables, pero el desmán cometido es tan brutal que va extendiéndose. Y se debe a una gestión temeraria del riesgo por parte de las entidades financieras", sostiene Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Más peculiar es el caso que cuenta El País de una hipotecada de 70 años. A diferencia de las casas que hasta ahora veníamos viendo, la tasación de ésta se encontraba en un millón de euros.  Pidió un crédito en 2007 para poder seguir viviendo en la que ha sido su casa durante 40 años, y el crédito concedido fue de 837.000 y con la exigencia de la firma de sus tres hijos como prestatarios.  Tras una grave enfermedad, y serias dificultades económicas dejaron de pagar la cuota mensual que llegó a alcanzar los 5.000€.  La familia ha propuesto todo tipo de soluciones, pero hasta la fecha, ninguna se ha llevado a cabo por la negativa del banco: Periodos de carencia, reducción de cuota, dación en pago… Han intentado vender la casa, pero no han encontrado comprador.  Días antes de que el banco iniciara la ejecución de la hipoteca, el abogado de la familia depositó las llaves de la vivienda en el juzgado, intentando así forzar al banco a aceptar una dación en Pago.

El motivo principal por impago suele ser la pérdida del trabajo. El desempleo en los tiempos que corren es un monstruo que ya recoge cifras de más de cuatro millones y medio de parados. Entre ellos hay todo tipo de trabajadores, especialmente del sector servicios y de la construcción, lo que hace que cualquiera, proceda del sector laboral que proceda, pueda llegar a perder su empleo. Los recortes laborales, en este sentido, han llegado desde a altos ejecutivos que creían tener la vida resuelta, hasta trabajadores que previamente a la crisis ya podían tener serios problemas económicos para llegar a fin de mes.

àOtra sector vulnerable: mujeres con hijos

La Constitución Española garantiza en todo momento la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, en la vida real, encontramos a menudo diferencias entre ambos sexos, especialmente en lo que a sueldos y oportunidad laboral se refiere.

La crisis, sin embargo, no ha seguido criterios de desigualdad tan definidos como la trayectoria habitual de la evolución del trabajo en España. En 2009, el número de varones ocupados desciende más que el de mujeres. Es decir, en comparación con el cuarto cuatrimestre de 2008, los hombres pasan a formar parte de las listas del paro en un mayor porcentaje, un 7,9%, frente al 3,6% de  las mujeres.  Del total de personas empleadas durante el cuarto trimestre de 2009, el 44% son mujeres, lo que rompe lo que había sido hasta la fecha la dinámica habitual.  En estas cifras, hay que tener en consideración que el sector de la construcción, del cual proceden 6 de cada 10 parados a consecuencia de la crisis, está compuesto es su mayoría por varones.  Al caer en picado este nicho de empleo ha descendido drásticamente la población activa masculina.

El sueldo sí que presenta una muestra evidente de la distinta retribución a hombres y a mujeres, acentuándose especialmente en los niveles más bajos de salario.  Según el informe del INE, las mujeres más mayores son también mas propensas a percibir un salario menor.  A esta situación, debemos sumarle el hecho de que normalmente suelen ser las mujeres las que se hacen cargo de las personas dependientes de la casa, ya sean menores, ancianos, discapacitados o enfermos, y ésto suele llevarles en muchas ocasiones a ocupar puestos de trabajo en media jornada para poder hacerse cargo de sus responsabilidades familiares.

Frente a esas dificultades para alcanzar una renta similar a la de un hombre, las mujeres, en casos de separación o divorcio, suelen hacerse cargo de los hijos, lo que implica una dificultad más para encontrar trabajo, o alcanzar un trabajo de jornada completa. 

Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio estadístico que demuestre que las mujeres son más susceptibles de encontrarse en una situación de desahucio por impago. Sin embargo, en base al estudio de los artículos ofrecidos por la prensa, consideramos que abunda especialmente en los medios los casos de ejecuciones hipotecarias a mujeres separadas, viudas o divorciadas, que en muchos casos tienen uno o varios hijos.

Ana Belén Fernández Cerballos es madre de dos hijos de 19 y 14 años, y está embarazada del tercero. Junto a su ahora ex marido adquirió hace 7 años la vivienda sobre la que pesa ahora una orden de embargo. Desde hace 4 años están divorciados, y dice no recibir ninguna ayuda de su ex pareja, ni con la hipoteca, ni con la pensión de los niños.  Ella ha trabajado en varios empleos, pero actualmente se encuentra en el paro y tiene una deuda con la CAM de 80.000.  A pesar de todo, Ana Belén es una mujer con suerte. El día que se iba a producir la ejecución de desahucio fueron muchos los que acudieron a la puerta de su casa en Torrevieja para paralizarlo. Finalmente, la presión pacífica de vecinos y miembros de la PAH ha conseguido paralizarlo momentáneamente. Con este margen esperan ahora poder negociar con el banco algún tipo de alquiler social que permita a Ana permanecer allí con sus hijos, a un coste que pueda pagar.

Los vecinos de Raquel, en Barcelona, se concentraron junto a los miembros de la PAH el día de su orden de desahucio para intentar que ella y sus dos hijos pudieran permanecer en su casa. En el 1997, compró el piso con el que, por aquel entonces, era su marido. Durante su matrimonio ya habían pedido dos ampliaciones de hipoteca, y tras la separación, ella pidió otra para montar un negocio que salió mal.  Hasta la fecha, ella vivía en el piso con sus hijos y solo le han ido saliendo trabajos temporales por horas. Actualmente se enfrenta a una deuda de casi 100.000. “Por mí, quédate el piso…pero  la deuda quítamela el problema no es que me desahucies, es que me estas desahuciando de por vida”. A pocos minutos de la hora prevista para el llegada de la comisión judicial, Raquel envía a sus hijos con su madre para que no estén allí en el momento que se ejecute el desahucio.  Frente a la tardanza de la comisión, Raquel se persona en el juzgado, donde le dice que se ha aplazado el lanzamiento de la vivienda, dándole a esta barcelonesa unos meses más de respiro. “¡Sí se puede!, ¡Sí se puede!” gritan los vecinos y voluntarios que hay frente a su casa, alegres de haber conseguido aplazar un desalojo más.

à Dependientes desamparados:

Uno de los sectores que es por definición, de los más vulnerables, es el de las personas dependientes. Se trata de ancianos que viven en función de una pensión, personas discapacitadas cuya enfermedad les impide trabajar o dificulta seriamente la búsqueda de trabajo, personas que padecen una situación social de exclusión o marginación, personas con algún tipo de enfermedad o trauma físico o psicológico… En definitiva, personas que por unos motivos u otros no pueden valerse por si mismos.

 Siempre ha sido un colectivo predispuesto a las dificultades sociales y económicas, pero ahora la crisis se ceba con ellos a través de los recortes presupuestarios en materia de dependencia. Desde 2003 hasta 2010 fue subiendo ligeramente el gasto publico destinado a personas en situación de dependencia, del 0,44 a principios de 2003, hasta el 0,64 en el año 2010. En los últimos años, se han reducido considerablemente las ayudas, además, lo han hecho de una forma desigual en función de las Comunidades Autónomas. 

Sin embargo, para muchos, los problemas empezaron antes de los recortes presupuestarios. Las pensiones apenas han subido durante años, mientras que las cuotas hipotecarias parecían no parar de subir nunca.  La situación se agrava cuando las pensiones por dependencia tardan meses en llegar, o sufren errores  como el que vivió Araceli Ramos.  Tiene 47 años y sufre una afección pulmonar por la que por ley le corresponde una pensión.  Su madre, Felisa Melián, con la que viven en una casa en Las Palmas, padece Alzheimer a sus 79 años. Ambas tenían concedida una pensión, con la que hacían frente a los pagos de la hipoteca y a los gastos diarios, hasta que sin previo aviso, la pensión de Araceli fue anulada por un error, que dice cometieron en los servicios de Seguridad Social.  Desde entonces, hace ahora un año, no han pagado la hipoteca acumulando una deuda de 4.000€. “Yo me he movido para arreglar mi situación, pero no me permiten corregir el error que han cometido. Ellos siguen cobrando su dinero como funcionarios, y la que estoy en la calle soy yo”, se queja con amargura.  Gracias al movimiento 15-M están intentando reunir fuerzas para evitar el desalojo.  Sin embargo, lejos de darles una respuesta convincente a su problema, que permita a las dos tener un lugar donde estar, la concejala de Asuntos Sociales llamó recientemente a Araceli con el ofrecimiento de enviar a su madre a una residencia y a ella a otra.  “Le dije que yo soy minusválida, pero no ‘menos válida’- explica- “y que la Ley de Dependencia es el derecho a vivir con mi madre donde la cuide y la atienda, como llevo haciendo 17 años”.  Esta mujer, que parece ser todo fuerza, dice estar ya muy cansada de una lucha que no termina de entender. Para ellas, la diferencia entre tener casa o estar en la calle ha sido de tan solo 4.000€.

En el caso de Marisa, la presión social y la mediatización de su situación, permitió que el banco cediera, ofreciéndole la posibilidad de pagar un alquiler asequible con el que ella y sus tres hijos pudieran seguir viviendo en la que había sido su casa.  La incapacidad que apartó a esta divorciada de poder seguir con su trabajo le pilló por completo desprevenida.  Trabajaba como enfermera de UVI hasta que varias hernias discales la dejaron hace 6 años incapacitada.  A su especial situación se suman las dificultades de sus hijos. Uno de ellos es autista, y otro tiene una parálisis cerebral.  Tras perder su trabajo, su capacidad adquisitiva mermó enormemente, pasando a ser pensionista, de forma que ya no podía hacer frente a todos los gastos que acumulaba a fin de mes. Tras varios intentos fallidos de negociar con el banco, y la subasta de su piso que el banco se adjudicó por 218.000€, el banco le seguía reclamando una deuda de 130.000€ junto a una orden de desahucio.  Su caso fue especialmente tratado por los medios, y seguramente fue eso lo que removió la conciencia de sus acreedores, que le permitieron seguir viviendo en el piso en un régimen de alquiler. “Lo que no acepto es que pasado mañana, cuando yo ya no esté, van a volver a vender esta casa y se van a enriquecer, y yo voy a seguir quedándome con una deuda de por vida… ¿de qué? No me parece justo” dice Marisa, intentando contener las lágrimas.

à Los avalistas en la cuerda floja.

Para muchas parejas jóvenes, la única forma de conseguir una casa era entregar un aval que pudiera compensar las deudas en caso de impago. Ese papel de avalista lo han desempeñado con frecuencia los padres de alguno de los miembros de la pareja. Personas mayores que normalmente ya habían conseguido pagar su piso a lo largo de muchos años, pasando a veces para ello verdaderas penurias.  Cuando se trata de personas así, cuyo único propósito ha sido ayudar a sus seres queridos, la situación se vuelve dramática. Especialmente por la relación entre avalistas y deudores. “Esme veo en la calle. De verdad, yo para comer me busco la vida, pediré donde sea, aunque tenga que pagar la pensión íntegra yo la pago, pero Dios mío que no me quiten la casa, que es lo único que tengo” dice Magdalena Cervigón entre sollozos, mientras su hija, la deudora, la abraza entre lágrimas. “Todos sus sacrificios, toda su vida hundida…” murmura Isabel.

 Dicen que la culpa es uno de los peores sentimientos, de esos que no dejan dormir. Lo mismo opina Alberto Urbistondo. “Le he roto los sueños de toda su vida”. Su suegra fue el aval para un préstamo que pidió tras dar en quiebra con su empresa inmobiliaria. Ya tenía varias deudas, y recurrió a una empresa de las que prometen “reunificar las deudas y minimizarlas en cómodos plazos”. Alberto afirma haber sido engañado por esta empresa financiera, que haciéndole un préstamo de  65.000 ha conseguido una propiedad con un valor de 200.000€, y sigue reclamándole la deuda.

à Y mientras tanto, las casas vacías

Cuando nos paramos a pensar en la cantidad de inmuebles que están actualmente vacíos, parece que nada de ésto tiene sentido. ¿Cómo es posible que haya parques enteros de vivienda pública vacías, mientras están echando a la gente a la calle?

Los bancos se han convertido en las nuevas inmobiliarias, propietarios de una gran cantidad de pisos que han sido embargados, y que sin embargo, no parecen tener opción a compra en bastante tiempo.  Curiosamente, España es el país europeo con más viviendas vacías. Se calcula que podría haber entre 5 y 6 millones de viviendas que están deshabitadas.  Esto plantea varias posibles alternativas. Por una parte sería necesario plantear la opción de ampliar considerablemente el número de alquileres sociales para familias que estén en situación de desahucio o en riesgo de estarlo.  Los sectores más vulnerables podrían encontrar en ellos una salida digna a su situación, desplazando la posibilidad de dejarles literalmente en la calle.  En este sentido, son muchas las voces que se alzan pidiendo al Estado una intervención directa en la promoción de alquileres sociales, ya sea haciéndose propietario de esos parques de viviendas u obligando a los bancos o promotoras a aceptar el pago de alquileres razonables. La alternativa para muchas de esas casas es simplemente estar vacía, así que supondría una ventaja para todos.

Otra medida que se está llevando a cabo, cada vez con más frecuencia, es la okupación de espacios públicos o incluso viviendas privadas que están vacías, para poder alojar a familias que han perdido todo lo que tenían. Manuel ha trabajado en el sector de la construcción toda su vida, y desde la crisis inmobiliaria está parado. En su mismo barrio existen muchas viviendas de protección oficial vacías, que no han sido asignadas aun. Desde que le embargaron la vivienda por no poder pagar las cuotas, se metió en uno de los pisos vacíos de su barrio. Actualmente tiene una orden de desalojo, y afirma que antes de que lleguen a ejecutarla, él y su familia ya se habrán ido, pero para entrar en otra casa que esté desocupada.  En su misma situación están familias con hijos, que han decidido hacer de la okupación una forma de vida, por la imposibilidad de hacer frente a los pagos mensuales que la hipoteca les ha dejado

à  Una vulneración de todos los derechos. Un atentado a la dignidad. Una vida truncada.

Verse obligados a abandonar sus casas supone para todos ellos un durísimo tramite que merma con frecuencia su capacidad para salir adelante, sin embargo, vemos, en la mayoría de los testimonios, que es algo por lo que están dispuestos a pasar, si con ello acabaran sus problemas.

A la entrega de las llaves del piso empiezan, para muchos los verdaderos problemas. Las deudas que les persiguen no prescriben, a pesar de que el banco haya recuperado la cantidad de la deuda con la venta del piso. Y los intereses por la hipoteca de una casa que ya no es suya no hacen más que incrementarse, de forma que es prácticamente imposible ponerse al corriente con los pagos. La caridad y el trabajo “en negro” terminará siendo para la mayoría la únicas opciones de subsistir.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha sido la primera asociación en España dedicada a denunciar las injusticias que la ley española alberga para los hipotecados. Sus campañas principales se centran en dos vías. La primera, en una campaña de información sobre la dación en pago, que es la primera exigencia que desde esta asociación se exige al gobierno. La dación en pago implica que con la entrega del piso se anularía la deuda, de tal forma que la persona afectada podría empezar de cero en otro lugar, libre de cargas. Es algo que ya funciona en muchos países de Europa y también en EE.UU. Además se pide que tenga un carácter retroactivo, de tal forma que las personas ya desahuciadas puedan beneficiarse de la aprobación de esta ley, quedando así exenta de sus deudas.  En segundo lugar, la campaña que más éxito está teniendo por ser la más práctica es la que están llevando a cabo para intentar parar los desahucios, personándose por grupos en la casa donde se va a efectuar el lanzamiento.  A lo largo de estos años han conseguido paralizar más de 136 desahucios, y cada día suman más fuerzas para unirse a la causa.

Para muchos de los desahuciados, esta plataforma, y muchas otras que se han formado a raíz del 15-M por toda España, han sido la única esperanza de no perder sus casas.  Y para los que ya es tarde, desde ellas se sigue asesorando gratuitamente a los desahuciados para hacer lo posible por mejorar su situación. Desde el inicio de esta avalancha de ejecuciones hipotecarias, la mejor arma ha sido la visibilización  de los casos, especialmente de los más dramáticos.

Pero son muchos más los casos que se quedan a oscuras.

à Podrías ser tu

A lo largo de estas líneas hemos intentado hacer un recorrido de los perfiles más susceptibles de sufrir un embargo de sus casas. Los hemos tratado como bloques diferenciados, sin embargo en la mayoría de los casos encontramos varios factores de riesgo entremezclados, lo que dificulta aun más las opciones de esa familia para salir de esta situación de desamparo.  Como recuerda Rafael Mayoral, abogado en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, "los más perjudicados en los procedimientos de ejecución son los más vulnerables: sin empleo, sin casa y endeudados, no se les está informando de que tienen derecho a justicia gratuita, lo que supone toda una vulneración de derechos fundamentales". 

Por desgracia, en los tiempos que corren, encajar en esa definición de “vulnerable” es más fácil de lo que podría haberlo sido hace años. La tasa de parados en España no hace más que ascender, y no parece que haya avisos de mejoras cuando el actual gobierno firma una arrolladora reforma laboral que apuesta por abaratar el empleo y degradar aun más las condiciones de trabajo. Entre esos “vulnerables” están también quienes no han pensado jamás verse en una situación de desamparo, y cada día se suman más a este carro personas con puestos fijos, muchos de ellos incluso en las administraciones públicas. “Hoy es él, pero podrías ser tú” narran en distintos foros anti desahucios. Y no están equivocados. Nadie escapa a la posibilidad de un despido, o a una mala racha, o a una circunstancia sanitaria o familiar que le impida pagar religiosamente la cuota de la hipoteca.

Muchos expertos como Vicente Pérez, consideran que el verdadero problema no es los 300.000 desahuciados que se han quedado en la calle en los últimos años, eso es solo la punta del iceberg. En la cara oculta del problema, encontramos cientos de familias que están pasando verdaderas penurias para poder hacer frente a la hipoteca, quitándoselo de comer, de los gastos de sus hijos… Según ADICAE, existe cerca de un millón de familias en peligro, que están aguantando como pueden por mantenerse al día en el pago, recurriendo en muchas ocasiones a la caridad para poder alimentarse.

Y aun así, el 97% de los españoles que tienen hipotecas, las están pagando de acuerdo a sus contratos. De hecho, la deuda contraída por promotoras y constructoras contra los bancos, es 6 veces superior a la contraída por particulares.

Según Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, harían falta entre 300 y 500 millones de euros para parar los desahucios durante al menos 3 años. Las opiniones sobre cómo solucionar la situación general de desahucios masivos son muy diferenciadas según al ámbito del que proceda la opinión. Señalar a un solo responsable quizás sea simplificar demasiado los aspectos que este problema representa, por eso es necesario contemplar la idea de una responsabilidad mixta que implique en mayor medida a quienes mayor capacidad de decisión han tenido, que son especialmente los bancos y financieras, que prestaban sin límite y sin evaluar las posibilidades reales de recuperación del préstamo, y sin duda las Administraciones, que han hecho oídos sordos al problema que se avecinaba por los beneficios que el sector inmobiliario le reportaba al crecimiento económico nacional.

Como solución financiera temporal, Manuel Pardos insta al estado a asumir la cantidad necesaria para ofrecer a las familias en riesgo de desahucio una moratoria de 3 años, a fin de acabar de forma inminente con una injusticia humanitaria, en espera de una solución definitiva. Por desgracia para todos, los anunciados tijeretazos del ejecutivo parecen no ir destinados a solventar esta situación.

Mercedes Gª López de Rodas